Como es de conocimiento público, el pasado viernes se aprobó en Estados Unidos, específicamente en el estado de Arizona la ley SB1070. Esta polémica ley convierte la inmigración “irregular” en un delito estatal, lo cual permite a la policía de ese estado detener a cualquier persona extranjera que presumiblemente esté como irregular en Estados Unidos, esta normativa que entrará en vigor en los próximos meses, no solo afecta a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular, sino que también establece sanciones a quienes los empleen e inclusive a quienes los transporten. Además, quienes no puedan comprobar su residencia regular podrían estar hasta seis meses en prisión y deberán pagar una multa de 2.500 dólares.
Ante las terribles consecuencias que puede provocar la aplicación de esta ley en aproximadamente 460.000 inmigrantes irregulares en Arizona, el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes de Ecuador, manifiesta su total inconformidad en relación a la aprobación de esta ley, mediante la cual se criminaliza la estadía irregular de inmigrantes en su territorio, bajo consideraciones que potencializan un trato discriminatorio y racista por parte de las autoridades, y que además fomenta actitudes xenófobas en la población estadounidense.
Esta mencionada ley establece que la permanencia de un extranjero en su territorio sin documentos es en un delito. Ante esto, manifestamos enérgicamente que ningún ser humano por el hecho de ejercer su derecho a la libre movilidad puede ser catalogado como delincuente, cuestión que nos lleva a entender que ninguna consideración será válida para defender tan desatinada ley.
Las luchas sociales en la historia han logrado que se proclamen derechos inviolables propios del ser humano, mismos que se sustentan en el principio de la no discriminación, al que debemos entenderlo como la imposibilidad de someter a un grupo humano bajo un trato desigual y desproporcionado que lesione su dignidad. La presunción de “ilegalidad” que propone la ley, no hace otra cosa que marcar a muchas personas como presumibles autores de un delito, que como hemos manifestado, no existe.
Varias han sido las reacciones que ha causado esta polémica ley, no solo de las instituciones que trabajamos en la defensa de los Derechos Humanos de las personas migrantes, sino también de las autoridades Estatales de los países de donde provienen la mayoría de los inmigrantes que se encuentran en el Estado de Arizona, y además de otros actores internacionales. Como SJRM apoyamos totalmente a todas estas voces, que de una u otra manera han manifestado su inconformidad, y nos unimos a la campaña de rechazo de esta ley que viola todos los derechos de las personas que se encuentran en contextos de movilidad humana.
Finalmente, hacemos un llamado a todos los actores sociales a que levanten su voz de protesta ante esta ley discriminatoria, desproporcionada y de cuestionable aplicabilidad. A que se conforme un frente común en contra de esta ley, por la lucha de la integridad de los seres humanos por el desarrollo de un mundo donde la igualdad entre todos y todas deje ser simplemente un discurso.
